El oficialismo buscará avanzar la próxima semana con el dictamen de un proyecto de ley que propone bajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 13 años. Así lo confirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien ratificó que el tema será incluido en la agenda legislativa en paralelo al tratamiento de la Ley Bases.
La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo nacional, ya tuvo su primer paso formal esta semana con la presencia del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en la Comisión de Legislación Penal. Allí defendió la propuesta como parte de una política más amplia para enfrentar la inseguridad y evitar que menores de edad queden impunes frente a delitos graves.
El proyecto, que generó fuertes divisiones entre oficialismo y oposición, propone crear un Régimen Penal Juvenil que contemple el juzgamiento de adolescentes desde los 13 años en adelante, únicamente para casos de delitos “graves” como homicidios, violaciones y robos con armas. Para los delitos menores, la edad de imputabilidad seguiría siendo a partir de los 16.
Desde el bloque de La Libertad Avanza confían en que podrán emitir dictamen la semana próxima, apoyándose en aliados circunstanciales como sectores del PRO y bloques provinciales. Sin embargo, otros espacios como Unión por la Patria, el socialismo y la izquierda adelantaron su rechazo, al sostener que se trata de una medida punitivista que no resuelve las causas profundas de la violencia juvenil.
“Este debate no puede estar aislado de una discusión integral sobre el sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes”, advirtió la diputada Carolina Gaillard (UxP). En la misma línea se expresó la diputada Mónica Fein (PS), quien señaló que “es falso que el endurecimiento de penas en menores reduzca el delito”.
Organismos de derechos humanos y asociaciones civiles también manifestaron su preocupación, advirtiendo que el proyecto podría violar tratados internacionales suscriptos por Argentina, como la Convención sobre los Derechos del Niño.
En tanto, Cúneo Libarona aseguró que el nuevo régimen respetará las garantías procesales y que se trabajará “con contención y especialización, no con represión”. Afirmó también que habrá criterios diferenciados según la edad y la gravedad del delito.
El Gobierno buscará ahora acelerar el tratamiento del texto, que forma parte de un paquete de reformas que incluye también la reforma del Código Penal y cambios en la ley de ejecución de la pena.
