En un país que hizo de la universidad pública un símbolo de inclusión y prestigio, cualquier cambio en su acceso despierta atención. Esta vez, fue a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que el Gobierno Nacional introdujo modificaciones en el régimen migratorio que impactan directamente en el sistema educativo, en particular en las universidades.
La medida permite a las universidades públicas establecer aranceles para estudiantes extranjeros con residencia temporaria en el país. No es una obligación, sino una facultad que cada institución podrá evaluar según sus propios criterios.
Para los ciudadanos argentinos y los residentes permanentes, nada cambia: el acceso a la educación superior sigue siendo gratuito, como hasta ahora. Tampoco se modifican los niveles inicial, primario ni secundario: la educación obligatoria continúa siendo universal y gratuita para todos los residentes, tal como lo garantiza la Constitución.
¿Qué significa esto para los estudiantes extranjeros?
Este nuevo escenario abre preguntas y desafíos. Por un lado, se busca —según el gobierno— “proteger el sistema educativo y fortalecer la eficacia en la inversión de los recursos públicos”. Por otro, se pone en discusión el espíritu abierto e inclusivo que caracterizó al sistema universitario argentino, reconocido por recibir a miles de jóvenes de América Latina y el mundo sin distinciones.
Cada universidad decidirá si cobra o no, cómo y a quiénes. Algunas defenderán su gratuidad como parte de su identidad institucional. Otras podrían explorar nuevas formas de financiamiento. Lo que está en juego no es solo una cuestión económica, sino una mirada sobre el rol de la universidad pública en el presente y el futuro del país.
Una etapa de decisiones comienza. Y como siempre ocurre en democracia, el debate también será parte del camino.
