Rosario fue epicentro de una jornada de protesta que resonó en todo el país. Familiares, prestadores y organizaciones sociales se congregaron en el cruce de bulevar Oroño y Córdoba para exigir la sanción urgente de la ley de emergencia en discapacidad.
El proyecto, impulsado por el diputado Daniel Arroyo, ya cuenta con dictamen en dos comisiones de la Cámara de Diputados, pero aún no ha sido tratado en el recinto.
Con pancartas que decían “Ni imbécil ni idiota, persona con discapacidad”, los manifestantes expresaron su preocupación por la desintegración del sistema integral de prestaciones. Mariel Chapero, presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), advirtió sobre la urgencia de brindar acompañamiento al sector ante las demoras legislativas.
La protesta se enmarca en un contexto de recortes en pensiones y aranceles a prestadores, lo que ha generado el cierre de instituciones y dificultades en la prestación de servicios. El transporte especial, por ejemplo, enfrenta una crisis debido al aumento de los combustibles y la falta de cumplimiento del cupo laboral del 4% en el estado.
El reclamo se replicó en otras ciudades del país, como Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Tucumán y Salta, bajo la consigna “Justicia, ¡basta de quitas!”. Organizaciones como el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad han expresado su preocupación por la posible desregulación del sistema de prestaciones, lo que podría afectar a más de 200.000 personas con discapacidad en todo el país.
La situación es crítica. El sistema de prestaciones para personas con discapacidad, que garantiza igualdad de condiciones de acceso a servicios, está en riesgo. Es fundamental que el Congreso actúe con celeridad para evitar que esta crisis se profundice aún más.
