La decisión del Parlamento Europeo de rechazar la normativa que buscaba catalogar a la soja argentina como cultivo de “alto riesgo ILUC” representó un alivio para una de las principales economías productivas del país. De haberse aprobado, el biodiésel nacional habría quedado fuera de los objetivos de energías renovables de la Unión Europea, poniendo en riesgo exportaciones estimadas en 390 millones de dólares por año.
Tras conocerse la resolución, el gobernador Maximiliano Pullaro destacó el trabajo conjunto entre las provincias, el Gobierno nacional y el sector privado para defender la producción argentina.
“Juntos defendimos a nuestra soja, a nuestro campo y a nuestra industria del biodiésel”, expresó Pullaro.
Santa Fe encabezó la defensa técnica
Desde el Gobierno provincial explicaron que uno de los pilares de la estrategia fue la elaboración de un dossier técnico presentado ante las autoridades europeas, con evidencia científica destinada a demostrar la sustentabilidad del biodiésel argentino.
El informe sostuvo que la producción nacional permite reducir cerca del 70 % de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto del gasóleo fósil y que el cultivo de soja en Argentina no implica el avance sobre bosques nativos, uno de los argumentos utilizados para impulsar la normativa rechazada.
El documento fue elaborado de manera conjunta entre el Gobierno de Santa Fe, cámaras empresarias, universidades y organismos técnicos nacionales.
Un mercado clave para la provincia
El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, remarcó que la decisión europea tiene un impacto directo sobre la economía santafesina.
Santa Fe concentra más del 80 % de la capacidad instalada de producción de biodiésel del país, por lo que un eventual cierre del mercado europeo habría afectado inversiones, empleo y exportaciones en uno de los sectores industriales más importantes de la provincia.
Europa representaba un mercado estratégico para el biodiésel argentino. La medida evitó poner en riesgo exportaciones por US$ 390 millones anuales.
El próximo objetivo: una nueva Ley de Biocombustibles
Tras el respaldo obtenido en Europa, el Gobierno provincial volvió a reclamar al Congreso nacional el tratamiento de una nueva Ley de Biocombustibles que permita potenciar la producción local y reducir la dependencia de combustibles importados.
La propuesta impulsada por Santa Fe contempla tres medidas centrales:
- Elevar el corte obligatorio de biodiésel al 15 % (B15), con una transición automática al 20 % cuando resulte económicamente conveniente.
- Incorporar combustibles de nueva generación, como el Diésel Renovable (HVO) y el Combustible Sustentable de Aviación (SAF), dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
- Garantizar una distribución más equilibrada del mercado interno, promoviendo una mayor participación de las distintas plantas productoras.
Según explicó Puccini, el desafío no pasa únicamente por consolidar las exportaciones, sino también por aprovechar la capacidad instalada de la industria para sustituir importaciones de combustibles fósiles.
Actualmente, recordó el funcionario, Argentina importa alrededor de 1.500 millones de litros de gasóleo por año, un volumen que podría reemplazarse con producción nacional de biodiésel.