El juez Martín Cormick declaró inconstitucional la suspensión de la ley y ordenó cumplirla. El Gobierno apeló y las universidades convocaron a una marcha federal al Congreso.
El Gobierno nacional apeló el fallo que declaró inconstitucional la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario y le ordenó aplicarla de inmediato. Mientras la disputa sigue en los tribunales, las universidades nacionales y los gremios docentes convocaron a una marcha federal para el 15 de octubre hacia el Congreso.
Qué dijo el fallo
La sentencia fue dictada el martes 6 de octubre por el juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.° 11. El magistrado declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 en la parte que condicionaba la aplicación de la ley a que el Congreso definiera de dónde saldrían los fondos.
El juez entendió que el Poder Ejecutivo no podía promulgar la norma y, al mismo tiempo, dejarla sin efecto en la práctica. Recordó que el Congreso había insistido con la sanción por dos tercios en ambas cámaras, como prevé el artículo 83 de la Constitución, después del veto dispuesto por el Decreto 647/2025. En su resolución calificó la maniobra como un veto encubierto.
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El argumento del Gobierno
El Ejecutivo sostiene que la ley genera gastos que no están previstos en el presupuesto y se apoya en el artículo 5 de la Ley 24.629, que exige que toda norma que implique erogaciones indique su fuente de financiamiento. La Procuración del Tesoro quedó a cargo de la defensa del Estado en la apelación.
Desde el Ministerio de Capital Humano descartaron abrir una mesa de diálogo con las universidades y señalaron que la discusión debe darse en el Congreso, en el marco del tratamiento del Presupuesto 2027.
El reclamo de las universidades
Los gremios universitarios rechazan esa interpretación. Sostienen que la Jefatura de Gabinete tiene facultades para reasignar partidas cuando una ley crea nuevas obligaciones, y que el propio fallo descartó el planteo oficial. También reclaman el cumplimiento del acuerdo paritario firmado el 10 de junio con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que según los sindicatos preveía:
- Una recomposición salarial del 24,3 % en dos tramos.
- Un aumento del 20 % en los gastos de funcionamiento.
- $50.000 millones para los hospitales universitarios.
Según los gremios, el proyecto de presupuesto asigna a las universidades el equivalente al 0,53 % del PBI, el nivel más bajo desde 2001.
La marcha del 15 de octubre
La movilización está prevista para el jueves 15 de octubre, con epicentro en el Congreso de la Nación. Los rectores planean sesionar ese día en Plaza de Mayo antes de sumarse a la columna. Al tratarse de una convocatoria federal, se prevén actividades en distintas ciudades universitarias.
El impacto en Santa Fe
La provincia tiene una de las mayores comunidades universitarias públicas del país, con la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Universidad Nacional de Rafaela y las facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional. Los salarios de docentes y no docentes, el funcionamiento de las facultades y las becas estudiantiles dependen en buena medida de cómo se resuelva este conflicto.
La apelación deberá ser resuelta por la Cámara del fuero y el caso podría llegar a la Corte Suprema. En paralelo, el debate presupuestario en el Congreso aparece como el otro escenario en el que se definirá el financiamiento de las universidades para el próximo año.