Con un gesto que buscó dar el ejemplo desde lo más alto de la cadena de mando, el gobernador Maximiliano Pullaro fue el primero en someterse al nuevo narcotest obligatorio implementado para policías, penitenciarios y funcionarios provinciales. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Justicia y Seguridad, se enmarca en una estrategia integral para reforzar la transparencia, el compromiso institucional y la salud laboral dentro de las fuerzas de seguridad de Santa Fe.
El test, que se realiza mediante hisopado bucal y detecta seis sustancias (cocaína, marihuana, benzodiazepinas, opioides, metanfetaminas y anfetaminas), tuvo resultado negativo en el caso del mandatario. “Queremos tener la mejor fuerza de seguridad de la Argentina y para eso no alcanza con invertir en equipamiento. Necesitamos hombres y mujeres íntegros, en condiciones de garantizar ese servicio”, expresó Pullaro.
Durante la mañana de este martes, unos 30 agentes de seguridad también se sometieron a las pruebas, que se realizarán en forma periódica, externa y sin previo aviso. Los análisis estarán a cargo de la Fundación Argentina de Toxicología y sus resultados serán entregados en sobres cerrados a los superiores jerárquicos, en una cadena de información que culmina en el despacho del gobernador.
“Actuamos con ejemplaridad. Aquí no se persigue a nadie por un consumo problemático, pero tampoco vamos a mirar para otro lado si hay funcionarios que consumen sustancias ilegales”, remarcó el gobernador.
Narcotest: Reglas claras y consecuencias
El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que la medida busca garantizar la confiabilidad de quienes cumplen funciones sensibles. “El personal será convocado de manera obligatoria. La inasistencia sin causa justificada tendrá consecuencias disciplinarias y afectará directamente la posibilidad de ascender o ejercer cargos jerárquicos”.
Además, la normativa incorpora el narcotest como requisito en los procesos de ingreso y ascenso tanto para la Policía como para el Servicio Penitenciario. En caso de detectarse un consumo problemático, se priorizará el abordaje desde la salud, pero los cargos sensibles podrán ser reasignados para preservar la integridad del servicio.
Pullaro recordó que esta misma política ya se había implementado durante su gestión como ministro de Seguridad en 2017. “El consumo de drogas no es exclusivo de las fuerzas: atraviesa a la sociedad. Pero el Estado debe actuar con responsabilidad y liderazgo, especialmente cuando se trata de quienes portan un uniforme y una responsabilidad pública”, concluyó.
Fuente: Gobierno de Santa Fe
