Los ministros de la Corte advirtieron sobre las zonas de intervención policial y la detención de 48 horas para identificar. Unidos revisará el texto y apunta a votarlo el 29 de octubre.
La reforma de seguridad que impulsa el gobierno de Maximiliano Pullaro sumó este miércoles sus primeras objeciones institucionales de peso. En un plenario de las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Santa Fe, los ministros de la Corte Suprema provincial, representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la titular de la Defensa Pública expusieron sus reparos sobre varios puntos del paquete que el oficialismo pretende aprobar antes de fin de mes.
Por la Corte participaron su presidente, Rafael Gutiérrez, y los ministros Daniel Erbetta y Jorge Baclini. Erbetta fue el más crítico. Los jueces aclararon que sus observaciones tenían carácter preliminar, ya que el tribunal conserva la facultad de revisar la constitucionalidad de las leyes una vez sancionadas.
Qué cuestionó la Corte de la reforma de seguridad
El proyecto principal, el expediente 58.987 de «Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública», reúne alrededor de una docena de medidas presentadas en mayo. Los puntos que concentraron las críticas fueron:
- Zonas de intervención policial especial: áreas definidas por indicadores de criminalidad donde la fuerza tendría facultades excepcionales sobre la circulación y el espacio público. Los ministros las compararon con un estado de sitio.
- Detención de hasta 48 horas para identificar a una persona: según Erbetta, choca con la Constitución santafesina reformada en 2025, que exige control judicial dentro de las 24 horas.
- Declaraciones sin defensor en las primeras etapas de la investigación, algo que para los magistrados implica un retroceso del sistema acusatorio.
- Delegación de facultades en la Policía y, en algunos casos, de atribuciones propias de los jueces en los fiscales.
También hubo posiciones divididas sobre los cambios en el régimen de visitas en las cárceles, aunque coincidieron en que el texto no precisa cómo se aplicarían. En cambio, hubo coincidencia en avanzar con los juicios en rebeldía, es decir, en ausencia del imputado.
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Qué dijeron el MPA y la Defensa
Por el MPA expusieron la fiscal Carla Cerliani, a cargo de la persecución penal de objetivos priorizados, y Víctor Moloeznick, del Organismo de Investigaciones. La defensora provincial Estrella Robinson presentó objeciones centradas en las garantías de las personas investigadas. Varios expositores reconocieron, de todos modos, la baja de los indicadores delictivos en la provincia.
En la misma reunión se analizó el expediente 59.996, que ya tiene media sanción del Senado y crea un sistema provincial para intervenir los mercados ilegales de celulares y otros dispositivos robados.
Cómo sigue el debate
El presidente de la comisión de Seguridad Pública, Martín Rosúa (Unidos), sostuvo tras la reunión que el tema requiere decisión política, pero también diálogo y consensos. El oficialismo abrió una revisión interna del texto y la semana próxima escuchará al Colegio de Abogados de Rosario, a la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario y al Foro contra la Impunidad y por la Justicia.
La intención de Unidos es llevar el proyecto al recinto en la sesión del jueves 29 de octubre. Las observaciones de la Corte podrían obligar a reescribir algunos artículos antes de esa fecha, sobre todo los que tocan plazos de detención y facultades policiales, que son los que más impacto tendrían en el trabajo diario de la fuerza en Rosario y en el resto de la provincia.