Con firmeza y claridad, el gobierno de Santa Fe decidió rechazar la oferta del Estado Nacional en el marco de la audiencia de conciliación celebrada este martes en la Corte Suprema. El motivo: la propuesta no se ajusta a los derechos legítimos de la Provincia ni refleja el volumen real de la deuda por parte de Nación, que se estima en alrededor de 2 billones de pesos.
“Que Nación pague lo que tiene que pagar. Nosotros no vamos a resignar un solo centavo de la Provincia de Santa Fe”, sostuvo el gobernador Maximiliano Pullaro, quien remarcó que si bien existe un canal de diálogo abierto con el gobierno nacional, la defensa de los recursos provinciales no es negociable.
La deuda se origina en la interrupción de las transferencias destinadas a compensar el déficit de la Caja Previsional, suspendidas desde diciembre. En este contexto, Santa Fe presentó dos acciones judiciales: una de fondo, para exigir el pago total del monto adeudado, y una cautelar, para exigir la reanudación inmediata del flujo mensual.
Durante la audiencia, Nación ofreció en principio 2.000 millones de pesos por mes durante seis meses, propuesta que fue considerada irrisoria. Luego, la oferta ascendió a 5.000 millones por mes, el mismo acuerdo ya firmado con Córdoba. Sin embargo, Santa Fe se negó a aceptar un tratamiento genérico, entendiendo que su situación es distinta y su caja previsional está mejor ordenada tras reformas estructurales recientes.
“Nos deben muchos recursos y queremos que esos recursos lleguen. No somos cerrados, entendemos el momento que vive el país, pero no aceptamos menos de lo que nos corresponde”, expresó Pullaro.
Por su parte, el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, ratificó que Santa Fe firmó el acta dejando constancia de la falta de acuerdo. “La oferta nacional no responde a los derechos legítimos de la provincia. Seguiremos con las acciones legales en curso”, afirmó.
El mensaje es claro: Santa Fe no cierra la puerta al diálogo, pero tampoco se aparta del compromiso de cuidar cada peso que pertenece a su gente. Porque defender los intereses provinciales no es una opción: es un deber.
