La causa por los cuadernos, que apunta directamente a Cristina Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita, suma un nuevo golpe simbólico al entramado del poder K: ahora se denuncian torturas blancas y presiones a quienes declararon contra el círculo íntimo del kirchnerismo.
Las acusaciones que sacuden el juicio
En un extenso descargo, Cristina Fernández afirmó que varios arrepentidos de la causa fueron en realidad “extorsionados” y sometidos a métodos destinados a quebrar su voluntad —como aislamiento prolongado sin ventanas, luces encendidas las 24 horas o filmaciones permanentes—. Según el escrito, estos testimonios estarían diseñados para sostener una estrategia política de construcción mediática del caso.
La expresidenta apunta directamente hacia el fiscal Carlos Stornelli, al que acusa de intentar “plantar cocaína” y manipular pruebas para apuntalar el relato en su contra.
¿Qué relevancia tiene para el kirchnerismo?
- Este giro pone en tela de juicio la credibilidad de las confesiones que han sido piedra angular del proceso contra Fernández de Kirchner. Si los “arrepentidos” fueron obligados, la solidez del caso se debilita.
- Además, el kirchnerismo ya se encuentra desgastado ante una opinión pública más crítica hacia los escándalos de corrupción. Esta denuncia alimenta la narrativa de persecución judicial, pero también introduce dudas sobre la transparencia del proceso.
- En el análisis político, el caso se convierte en un punto de fricción: el oficialismo libertario-liberal actual observa con atención cómo se reconfigura el rol del aparato judicial en la era post-K.
¿Qué viene ahora?
La denuncia impulsará nuevas solicitudes al tribunal del juicio de los cuadernos para revisar condiciones de detención y protocolo de testigos. Además, podría abrir un bloque defensivo más agresivo por parte de Fernández de Kirchner, que busca desplegar una estrategia de victimización antes de los alegatos.
Por su parte, los fiscales y el tribunal deberán decidir si amplían la investigación hacia denuncias de tortura o manipulación de pruebas, lo que abriría nuevos frentes judiciales que podrían dilatar o debilitar el proceso.
