Piamonte, el corazón agrícola del departamento San Martín, fue escenario de una decisión judicial que sacude las bases del modelo productivo vigente. Un fallo del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de San Jorge estableció límites concretos al uso de agroquímicos en zonas cercanas a viviendas, a partir de un reclamo que llevaba años esperando justicia.
La historia comenzó en 2016, cuando una familia del pueblo presentó una acción de amparo tras padecer, según relatan, afecciones en la salud vinculadas al uso de pesticidas en campos lindantes. Después de siete años, el juez Daniel Zoso dictó sentencia: prohibió fumigar con agroquímicos en un radio de 1.000 metros alrededor de la vivienda denunciante y restringió la circulación de maquinaria de fumigación dentro del área urbana.
Pero el fallo no se quedó ahí. Declaró la inconstitucionalidad de artículos de la Ley Provincial N° 11.273 y de su decreto reglamentario, así como de una ordenanza local que habilitaban fumigaciones a distancias mucho menores. Con este movimiento, la justicia no solo respondió a un caso puntual, sino que encendió una luz de alerta sobre las normativas que rigen el uso de agroquímicos en todo el territorio santafesino.
“Es un fallo que interpela, que exige repensar el equilibrio entre producción y salud”, señalan desde organizaciones ambientalistas que ven en esta sentencia un precedente inédito. Aunque el pedido de reubicación de acopios y la indemnización por daño a la salud fueron rechazados, el mensaje es claro: no todo vale en nombre del rendimiento.
La Comuna de Piamonte y el Gobierno de la Provincia fueron exhortados a controlar con firmeza las actividades de plantas de acopio y silos, muchas veces sospechadas de incumplir normas ambientales básicas.
El fallo fue apelado, pero las restricciones impuestas ya están en vigencia. Mientras tanto, la pregunta queda flotando en el aire rural de Piamonte y más allá: ¿cuánto más podemos postergar el derecho a vivir en un ambiente sano?
