Un testimonio judicial reavivó las sospechas sobre uno de los secretos peor guardados en el mundo de la justicia federal rosarina. El ex titular de la delegación local de la AFIP, Sergio Herrera, declaró ante el Ministerio Público Fiscal que él mismo, junto con el juez federal Carlos Vera Barros y el camarista Aníbal Pineda, participó en el armado de una causa contra un empresario santafesino, por impulso del juez Marcelo Bailaque.
El caso, que se remonta a 2017, gira en torno a la empresa AFA Plus, y en especial a su titular, el empresario Claudio Minuet, quien fue investigado por presuntas maniobras de evasión impositiva y lavado de dinero. Lo que hasta ahora parecía una investigación más en el marco de la lucha contra el delito económico, quedó en entredicho tras la declaración de Herrera, que reconoció que la causa fue “empujada” desde los despachos judiciales sin evidencias concretas.
“Nos apretaron para avanzar con eso”, habría dicho Herrera ante los fiscales, en una confesión que pone en jaque no solo a su actuación como funcionario, sino también al rol de sectores del poder judicial federal de Rosario. Según pudo reconstruir este medio, el ex titular de AFIP dio detalles del modus operandi: desde las presiones para firmar informes técnicos hasta la manipulación del expediente para justificar una medida de fondo que se presentaba como legal, pero respondía a intereses ajenos al proceso.
El relato de Herrera, que se conoció esta semana y forma parte de una investigación más amplia que se tramita en Buenos Aires, vuelve a encender alarmas sobre los vínculos entre la política, la justicia y los organismos de control en Rosario. El nombre del camarista Bailaque aparece una vez más asociado a prácticas opacas. No es la primera vez que el magistrado es mencionado en contextos polémicos, pero esta vez la acusación proviene de alguien que fue parte del engranaje.
Consultadas por este medio, fuentes judiciales indicaron que el testimonio fue tomado con extrema cautela, aunque reconocieron su gravedad institucional. “Lo que está en juego es mucho más que una causa: es la credibilidad del sistema judicial”, admitió un funcionario con acceso al expediente.
Por el momento, ni Bailaque ni los otros funcionarios señalados hicieron declaraciones públicas. Tampoco hubo pronunciamiento del Consejo de la Magistratura, aunque no se descarta que el caso derive en presentaciones formales por mal desempeño o incluso en causas penales.
En paralelo, el empresario Minuet, que siempre denunció persecución, evalúa avanzar con una demanda contra el Estado por daño moral y perjuicios económicos. Su entorno asegura que las consecuencias de aquella causa aún se sienten en su actividad comercial.
En Rosario, donde el clima institucional está tenso por el avance de investigaciones sobre narcopolítica y corrupción, este episodio no hace más que reforzar la sensación de desconfianza sobre sectores del poder judicial. Un sistema que, según varios actores del mundo jurídico, necesita con urgencia una limpieza a fondo.
Mientras tanto, la ciudad mira hacia Comodoro Py, donde se juega una partida que promete nuevos capítulos. Y donde las confesiones de funcionarios como Herrera podrían ser apenas el principio de una historia mucho más grande.
