El Gobierno de Santa Fe promulgó la Ley 14.486, que prohíbe la actividad de los cuidacoches en la vía pública. La norma fue publicada el lunes 5 de octubre en el Boletín Oficial, con la firma del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Gobierno, Fabián Bastía, y cierra un trámite legislativo que tuvo varias postergaciones y cambios de criterio entre las dos cámaras.
Sin embargo, la prohibición no se aplicará de manera automática en todo el territorio: cada municipio y cada comuna deberá adherir de forma expresa mediante una ordenanza propia. Hasta que eso ocurra, la ley no rige en esa localidad.
Qué establece la ley
La norma modifica el Código de Convivencia provincial e incorpora como contravención el ofrecimiento de servicios de cuidado, lavado u otros vinculados a los vehículos estacionados en la calle sin autorización. No se trata de un delito penal, sino de una falta contravencional, con un esquema de sanciones escalonado:
- Primera infracción: entre 2 y 10 días de trabajo comunitario, más la prohibición de volver al lugar donde se cometió la falta.
- Reincidencia: entre 10 y 20 días de arresto.
La promulgación se formalizó a través del Decreto 2121. El texto definitivo es el que había aprobado originalmente el Senado provincial, que a mediados de septiembre rechazó las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados e insistió con su versión.
Qué falta para que rija en Rosario
En Rosario todavía no hay ordenanza de adhesión. Desde la gestión del intendente Pablo Javkin indicaron que el Ejecutivo municipal prevé enviar el proyecto al Concejo Municipal alrededor del 15 de octubre. A partir de ese momento, el tema deberá debatirse en comisiones y luego votarse en el recinto.
La discusión no parte de cero. En el Concejo hay otras iniciativas sobre la actividad que proponen alternativas a la prohibición, como sistemas de registro de trabajadores o su organización en cooperativas. Esas propuestas podrían cruzarse con el proyecto oficial durante el tratamiento.
Lo mismo ocurre en la ciudad de Santa Fe y en el resto de las localidades: la aplicación concreta de la ley dependerá de la decisión de cada concejo deliberante o comisión comunal.
Un debate con posiciones encontradas
El Gobierno provincial sostiene que la prohibición apunta a ordenar el uso del espacio público y a terminar con situaciones de presión o amenazas a automovilistas, un reclamo frecuente en zonas comerciales y de alta circulación.
La iniciativa también recibió objeciones. El Arzobispado de Rosario, a través del obispo Eduardo Martín, se había manifestado en contra de la prohibición y propuso, en cambio, regular y formalizar la tarea de quienes viven de ella.
Otro punto que queda abierto es la capacidad de control. Una vez que cada municipio adhiera, la aplicación de las sanciones requerirá la intervención policial y de la Justicia contravencional, por lo que el impacto real de la ley se verá recién cuando las ciudades más grandes de la provincia completen el paso de la adhesión.