La iniciativa del gobierno provincial clasifica el riesgo en cuatro niveles y habilita tobilleras, desarme y arrestos conminatorios. El oficialismo busca votarla en octubre.
El proyecto de ley contra la violencia de género que impulsa el gobierno de Maximiliano Pullaro comenzó su recorrido legislativo en el Senado de Santa Fe. La iniciativa, de más de 80 artículos, propone un sistema de evaluación del riesgo para cada caso y habilita medidas como el uso de tobilleras electrónicas, el desarme de agresores y los arrestos ante el incumplimiento de órdenes judiciales.
El texto había sido presentado en septiembre. Esta semana, legisladores del interbloque oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe lo repasaron con el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, y la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini. El acuerdo es darle preferencia para tratarlo en una sesión de octubre.
Cómo funcionaría la evaluación del riesgo
El eje del proyecto es clasificar cada situación en cuatro niveles: bajo, medio, alto y crítico. Para definirlo se tendrán en cuenta indicadores como las amenazas de muerte, la presencia de armas, la violencia sexual, los intentos de estrangulamiento, el control coercitivo y los llamados reiterados al 911. La percepción de riesgo de la víctima también se considera un elemento relevante.
Según el nivel asignado, el Estado deberá aplicar respuestas de distinta intensidad.
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Las medidas que prevé la ley contra la violencia de género
- Tobilleras electrónicas para controlar las restricciones de acercamiento.
- Desarme de las personas autorizadas a portar armas cuando el riesgo sea crítico.
- Arrestos conminatorios, que podrán ordenar los jueces ante el incumplimiento de sus resoluciones.
- Medidas de protección con vigencia inmediata, aun antes de que el agresor sea notificado.
- Prohibición de la mediación y la conciliación en estos casos.
El proyecto también simplifica el acceso a la Justicia: las denuncias podrán presentarse en cualquier comisaría u organismo público y, ante una emergencia, cualquier tribunal podrá intervenir aunque no sea el competente.
Registro único y fondo de asistencia
La iniciativa crea un registro digital único e interoperable, bajo la órbita del Poder Ejecutivo, para que policía, fiscalías, juzgados y áreas sociales compartan la información de cada caso. Además, prevé un equipo interdisciplinario especializado y un fondo provincial de asistencia urgente para las víctimas.
El gobierno sostiene que el objetivo es pasar de un modelo que reacciona después de la denuncia a otro que se anticipa a los casos de mayor peligro. Hasta que la Legislatura apruebe el proyecto, ninguna de estas herramientas está vigente.
Qué falta para que sea ley
Después del Senado, el texto deberá pasar por la Cámara de Diputados provincial. El oficialismo cuenta con mayoría en ambas cámaras, aunque en los últimos proyectos vinculados con la seguridad, como la reforma que se discute en Diputados, el Poder Judicial y el Ministerio Público de la Acusación plantearon objeciones que obligaron a revisar artículos.
Si se ponen en práctica, las tobilleras y el registro único demandarán recursos y coordinación entre la policía, el MPA y los juzgados de Rosario, Santa Fe y el resto de la provincia, donde se concentran la mayoría de las denuncias.