La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó por 37 votos a 11 el paquete de seguridad de Pullaro, con cambios negociados dentro de Unidos. Ahora lo revisa el Senado.
La Cámara de Diputados de Santa Fe dio el jueves media sanción a la reforma de seguridad impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro. El proyecto, denominado «Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública», se aprobó en general por 37 votos a favor y 11 en contra, más de dos tercios del cuerpo, y pasó al Senado provincial para su revisión.
La votación llegó después de casi seis meses de trámite y de una semana de negociaciones dentro del frente oficialista Unidos, donde radicales y socialistas discutían el alcance de varias de las facultades pedidas por el Poder Ejecutivo. El texto final surgió de un plenario de las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales, y desde la Casa Gris expresaron su conformidad con la versión aprobada.
Qué incluye la media sanción a la reforma de seguridad
El proyecto modifica parcialmente media docena de normas provinciales, entre ellas el Código Procesal Penal, la ley de Inteligencia y el régimen de privación de la libertad. Entre los puntos principales figuran:
- Juicio en ausencia: se incorpora esta figura, con la que Santa Fe sería la primera provincia en aplicarla.
- Presos de alto perfil: se mantiene un régimen más estricto para los internos considerados de mayor peligrosidad.
- Allanamientos: se delimitan los casos excepcionales en los que se podrá ingresar sin orden judicial previa, que requerirán una orden fiscal con control judicial.
- Declaración informativa: el fiscal podrá citar a una persona vinculada a un delito aunque no haya elementos para imputarla, con aviso de que puede asistir con abogado, retirarse o no declarar.
- Testigos y recompensas: cambios en el programa de protección de testigos y víctimas y en el fondo de recompensas.
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Qué se quitó del proyecto original
Para destrabar el acuerdo se retiró el capítulo de zonas de intervención especial policial, que había generado reparos en el socialismo y en la Corte Suprema provincial. El oficialismo se comprometió a redactar una ley específica sobre ese tema. También se eliminó la posibilidad de tomar declaraciones sin la presencia obligatoria de un defensor.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el radical Martín Rosúa, sostuvo que el objetivo es dar al sistema herramientas contra el crimen organizado, la violencia urbana y los delitos que se ordenan desde las cárceles. El jefe del bloque socialista, Joaquín Blanco, afirmó que el texto aprobado es superior al que había enviado el Ejecutivo.
Cruces en Unidos y votos en contra
El debate dejó tensiones dentro del oficialismo. La socialista Lionella Cattalini cuestionó declaraciones previas de funcionarios del Ministerio de Seguridad, en particular de Federico Angelini. Pullaro, por su parte, minimizó las diferencias y las describió como parte del funcionamiento de la coalición.
En contra votaron la mayor parte de los legisladores justicialistas, entre ellos Celia Arena, Lucila De Ponti y Marcos Corach, que advirtieron sobre riesgos para las garantías de personas inocentes, y el Frente Amplio por la Soberanía. Su diputado Carlos del Frade habló de «un fenomenal retroceso democrático». El bloque de Amalia Granata acompañó en general.
Cómo sigue en el Senado y qué significa para Rosario
El proyecto debe ser tratado ahora por la Cámara de Senadores. Todavía no hay fecha fijada para el debate. Si el Senado introduce cambios, el texto deberá volver a Diputados.
Los legisladores rosarinos Ariel Bermúdez y Walter Ghione defendieron en el recinto la continuidad de la política de seguridad en Rosario, la ciudad donde se concentró buena parte de la discusión sobre la violencia ligada a las organizaciones criminales.