La Cámara baja santafesina votó una preferencia para el jueves 5 de noviembre, pero radicales y socialistas siguen discutiendo el alcance de las facultades policiales del proyecto de Pullaro.
La reforma de seguridad que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro vuelve esta semana a la Cámara de Diputados de Santa Fe. El cuerpo votó una preferencia para tratarla el jueves 5 de noviembre, aunque el proyecto llega sin un acuerdo cerrado dentro de Unidos: radicales y socialistas todavía discuten hasta dónde deben llegar las nuevas facultades de la Policía y de los fiscales.
El paquete, titulado «Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública», ingresó a la Legislatura el 15 de mayo. La semana pasada quedó fuera del temario por falta de dictamen, y entre las fechas posibles también se mencionó el 19 de noviembre, si no se destraba la negociación. Noviembre es, además, el último mes de sesiones ordinarias.
Qué modifica la reforma de seguridad
La iniciativa cambia seis normas provinciales y se debate junto con otros dos proyectos: uno sobre mercados ilegales de dispositivos tecnológicos y otro sobre el Servicio Público de la Defensa Penal. Las leyes alcanzadas son:
- El Código Procesal Penal, con 9 artículos reformados.
- La ley de Ejecución de la Pena.
- La ley de Inteligencia y Análisis para la Prevención del Delito.
- La ley de Protección de Testigos y Fondo de Recompensas.
- La Ley Orgánica de la Policía.
- El Código de Faltas.
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Los puntos que traban el acuerdo en Unidos
La discusión se concentra en la posibilidad de habilitar allanamientos sin orden judicial, en el llamado cese del estado antijurídico y en distintas medidas privativas de la libertad. También generan reparos la toma de declaraciones sin la intervención obligatoria de un defensor y la creación de «zonas de intervención policial especial».
En las reuniones de comisión, buena parte de los organismos y entidades que expusieron advirtieron posibles conflictos con las garantías constitucionales. La Corte Suprema provincial llegó a comparar esas zonas especiales con un estado de sitio. Pullaro respondió que no enviará una ley inconstitucional y defendió la iniciativa.
Los ministros Fabián Bastia y Pablo Cococcioni fueron a la Legislatura a ratificar la redacción original ante el interbloque oficialista. Los radicales acercaron textos alternativos, mientras que el socialismo mantiene sus objeciones. La referente socialista Lionella Cattalini pidió bajar la tensión y propuso sumar a la agenda el lavado de dinero y un sistema moderno de control policial.
La presión del Ejecutivo y el reclamo del Senado
El Gobierno provincial elevó el tono tras la postergación. En una conferencia en Rosario, el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, reclamó que se aprueben las leyes y sostuvo: «Ya no hay margen, porque los violentos no esperan». Según su planteo, el primer paquete de normas redujo la violencia, pero las bandas se están reorganizando.
El malestar también llegó desde la otra cámara: el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, cuestionó las demoras de Diputados para tratar proyectos que ya cuentan con media sanción.
Para Rosario, una de las ciudades más atravesadas por la discusión sobre la violencia, el resultado definirá con qué herramientas trabajarán la Policía y el Ministerio Público de la Acusación en los próximos meses. Si el texto obtiene media sanción, todavía deberá pasar por el Senado.