El proyecto de Pullaro quedó fuera del temario del jueves por falta de acuerdo entre radicales y socialistas. El oficialismo evalúa tratarlo el 5 o el 19 de noviembre.
La reforma de seguridad impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro no llegó al recinto de la Cámara de Diputados de Santa Fe. El proyecto, que tenía preferencia para la sesión del jueves 29 de octubre, quedó fuera del temario porque el interbloque oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe no consiguió un dictamen común. Los legisladores evalúan retomar la discusión el 5 o el 19 de noviembre.
La iniciativa, titulada «Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública», fue enviada por el Poder Ejecutivo en mayo y ya cuenta con media sanción del Senado provincial. En la Cámara baja, en cambio, el oficialismo necesita ordenar primero a su propia tropa.
Por qué se frenó la reforma de seguridad
La demora responde a diferencias entre los dos socios principales del frente de gobierno. El sector radical sostiene que la provincia necesita ampliar las herramientas legales para sostener la baja de la violencia. El socialismo, en cambio, plantea reparos sobre algunos artículos por su posible impacto en las garantías constitucionales y en el control judicial de las nuevas facultades.
El miércoles, los ministros de Gobierno, Fabián Bastia, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, se reunieron durante unas dos horas con diputados del interbloque. Ratificaron el texto original, pero el encuentro terminó sin el acuerdo necesario para firmar el dictamen.
Ese mismo día, en un acto de ascenso de agentes del Servicio Penitenciario en la capital provincial, Pullaro defendió el paquete. Afirmó que no enviaría una ley inconstitucional y recordó que los homicidios bajaron de 344 a 128 en tres años, según las cifras oficiales que citó.
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Qué cambia el proyecto
La propuesta modifica seis leyes provinciales. Entre los puntos más discutidos figuran:
- Ingresos policiales a inmuebles sin orden judicial en supuestos excepcionales.
- Nuevas condiciones para tomar declaraciones en las primeras etapas de una causa, con intervención de la defensa.
- Cambios en las medidas coercitivas del Código Procesal Penal.
- Zonas de intervención policial especial en espacios públicos.
- Intervención de inmuebles vinculados con el microtráfico y derribo de búnkeres por orden fiscal.
- Un régimen penitenciario más estricto para detenidos que sigan organizando delitos desde la cárcel.
- Cambios en las normas de inteligencia y en el programa de recompensas.
Las objeciones de la Justicia y los abogados
Durante el trámite en comisión, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio Público de la Defensa, colegios de abogados y especialistas en derecho penal presentaron observaciones. Los cuestionamientos apuntan al alcance de las atribuciones de policías y fiscales y a los mecanismos de control previstos.
Antes de volver al recinto, el oficialismo deberá definir si mantiene el texto aprobado por el Senado o si introduce cambios para sumar los votos de su propio interbloque. Si Diputados lo modifica, el proyecto deberá volver a la Cámara alta.
Qué más queda en la agenda legislativa
La postergación se suma a una agenda cargada para el cierre del año. Diputados también tiene pendiente la ley integral contra la violencia de género, que el Senado aprobó por unanimidad el 22 de octubre, además del Presupuesto 2027 y la ley tributaria provinciales. Mientras tanto, el Gobierno prepara la Expo Seguridad del 4 y 5 de noviembre en Rosario para mostrar su política contra el delito.