El paquete modifica seis leyes, habilita nuevos allanamientos sin orden judicial y controles de IMEI. Unidos llegaría al recinto con ajustes de redacción tras las objeciones de la Corte y la Defensa.
La Cámara de Diputados de Santa Fe se prepara para votar este jueves la reforma de seguridad de Pullaro, el paquete que el Poder Ejecutivo envió con el nombre de «Herramientas para profundizar la seguridad pública». El oficialismo de Unidos llegaría al recinto con cambios de redacción surgidos de las consultas con la Corte Suprema, la Fiscalía, la Defensa Pública y los colegios de abogados.
El proyecto modifica seis leyes vigentes, entre ellas el Código Procesal Penal, la ley de inteligencia y la ley orgánica de la Policía. Las comisiones de Seguridad y de Asuntos Constitucionales sumaron al tratamiento otras dos iniciativas que ya tienen aprobación del Senado: una reforma del Ministerio Público de la Defensa y una ley contra el robo de celulares.
Qué cambia con la reforma de seguridad de Pullaro
Según explicó el diputado José Corral (Unidos), uno de los impulsores del texto, los puntos centrales son:
- Celulares y GPS: el fiscal podrá actuar con rapidez a través de la policía, con aviso al juez, cuando la ubicación de un teléfono robado sea precisa.
- Control de IMEI: el número de los equipos se cruzará con la base nacional de celulares denunciados; quien tenga uno con reporte de robo deberá justificar su origen.
- Allanamientos sin orden judicial: se suman supuestos a los que ya prevé el Código, como el rastreo de un celular o situaciones extremas, con orden fiscal, aviso al juez y control judicial posterior.
- Testigos: en delitos graves sin imputado, el fiscal podrá entrevistarlos directamente.
- Defensa pública para policías: quedará prevista de forma expresa en la ley.
- Presos de alto perfil: se habilita un régimen de aislamiento con contacto limitado con el exterior para un grupo reducido de internos.
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Los reparos de la Corte y la Defensa
Durante las audiencias en comisión, especialistas advirtieron sobre una delegación excesiva de facultades en la policía y plantearon posibles inconstitucionalidades. La Corte Suprema provincial objetó en particular los allanamientos sin orden de un juez, y la Defensa cuestionó el concepto de «renuencia», que permitiría requisar a quien se niegue a un pedido policial.
Corral relativizó esas observaciones y sostuvo que se incorporarán sugerencias, aunque el oficialismo buscará que el texto final se parezca lo más posible al original. También afirmó que hay consenso dentro de Unidos, incluido el Partido Socialista.
El trámite que queda
El proyecto de herramientas nació en Diputados, por lo que después deberá pasar al Senado. Las dos iniciativas que llegaron con media sanción volverán a la Cámara alta si se les introducen cambios. El presidente del Senado, Felipe Michlig, se quejó de que esos textos esperaron cinco meses en Diputados.
La semana legislativa tiene otro capítulo: el viernes el Ministerio de Economía presentará el proyecto de Presupuesto 2027, que debe ingresar a la Legislatura antes del 31 de octubre, el plazo constitucional.