La Cámara baja santafesina aprobó por 35 votos a 11 la ley contra el mercado ilegal de dispositivos. El artículo que permite a la Policía pedir el IMEI fue el más discutido.
La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó el proyecto del Poder Ejecutivo para combatir el robo de celulares y el mercado ilegal de dispositivos tecnológicos. La iniciativa obtuvo 35 votos a favor y 11 en contra, con el rechazo del peronismo y de la izquierda, y ahora pasa al Senado provincial, que deberá revisar los cambios introducidos en la Cámara baja.
El punto central de la norma es que la Policía podrá solicitar el IMEI, el código de 15 dígitos que identifica a cada teléfono, para verificar si el equipo tiene denuncia de robo. Ese artículo fue el más debatido de la sesión y salió adelante solo con los votos del bloque oficialista Unidos.
Qué cambia con la ley contra el robo de celulares
El proyecto crea un sistema provincial para intervenir en los mercados ilícitos de dispositivos. Según el texto aprobado, contempla herramientas jurídicas, administrativas, tecnológicas y operativas en varias etapas:
- Prevención y detección de la venta irregular de equipos.
- Investigación, inteligencia y fiscalización.
- Trazabilidad de los dispositivos y recuperación de bienes robados.
- Cooperación entre organismos del Estado.
En la práctica, un agente podrá pedirle a una persona que muestre el IMEI desde la configuración del teléfono. Ese número se contrastará con las bases de equipos denunciados y, si hay coincidencia, quien tenga el aparato deberá explicar cómo lo obtuvo. El diputado radical José Corral, que defendió la iniciativa en el recinto, comparó el mecanismo con los controles vehiculares y sostuvo que Santa Fe sería la primera provincia en aplicarlo como control de rutina en la vía pública.
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Las críticas: privacidad y posibles abusos
La oposición y algunos legisladores advirtieron que la obligación de exhibir el identificador puede abrir la puerta a que las fuerzas de seguridad accedan a datos privados. Bloques como Somos Vida, Vida y Familia e Inspirar acompañaron el proyecto en general, pero votaron en contra de artículos puntuales.
Durante el debate en comisión, la Defensa Pública había cuestionado la palabra «renuencia», por considerarla imprecisa, y planteado qué ocurriría con quien se niegue al pedido policial. Corral admitió que siempre puede haber abusos, pero sostuvo que eso no justifica dejar de legislar. El gobernador Maximiliano Pullaro, por su parte, reconoció que se trata de medidas «antipáticas», aunque necesarias para reducir el mercado de teléfonos robados.
Qué más se votó y qué quedó pendiente
En la misma sesión, Diputados sancionó de manera definitiva la reforma de la ley orgánica de la Defensa Pública Penal, que crea ocho cargos de defensor público y habilita unidades especiales, entre ellas una de asistencia legal a policías. Tuvo 34 votos a favor y 13 abstenciones. El diputado Fabián Palo Oliver cuestionó que una misma área asista a víctimas y represente a efectivos policiales.
En cambio, el oficialismo volvió a postergar una semana el tratamiento del paquete de seis leyes de seguridad que el Ejecutivo envió el 14 de mayo, que incluye cambios en el régimen procesal penal, el sistema penitenciario, la inteligencia criminal, el programa de recompensas y las facultades policiales.
El impacto en Rosario y el resto de la provincia
El robo de teléfonos es uno de los delitos más frecuentes en las grandes ciudades santafesinas, y el Gobierno apunta a que el control del IMEI desaliente la reventa de equipos sustraídos. Si el Senado convierte el proyecto en ley, el Ejecutivo deberá reglamentar cómo se harán los controles y con qué bases de datos se cruzará la información.