Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti no coincidieron en una causa impulsada por la ONG Árbol de Pie contra la derogación de la Ley de Tierras, por lo que se sumarán dos conjueces.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a dos conjueces para resolver una nueva causa contra la derogación de la Ley de Tierras Rurales, luego de que sus tres integrantes, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, no lograran una posición común. Los magistrados suplentes surgirán de un sorteo entre los presidentes de las cámaras federales.
La decisión reabre una discusión que parecía cerrada hace una semana, cuando el máximo tribunal dejó sin efecto un fallo que había declarado inconstitucional la eliminación de esa norma.
Qué se discute
El planteo fue presentado por la organización ambientalista Árbol de Pie contra el artículo 154 del DNU 70/2023, con el que el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737. La ONG sostiene que la medida vulnera el derecho constitucional a la protección del ambiente y el patrimonio territorial. La causa se inició en la Justicia federal de Bariloche y pasó luego por la Cámara Federal de La Plata.
Según los procedimientos que la Corte aplica a los procesos colectivos, cuando los jueces titulares no alcanzan la mayoría necesaria deben integrarse conjueces hasta completar el tribunal.
El antecedente del caso CECIM
A fines de septiembre, la Corte revocó la sentencia que había favorecido al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. Lo hizo por una cuestión procesal: entendió que la entidad no tenía legitimación para reclamar. Días después, el tribunal difundió una aclaración en la que remarcó que no se había pronunciado sobre la validez de la derogación, y criticó los mensajes agresivos que recibió tras ese fallo.
Ese pronunciamiento motivó una movilización de organizaciones sociales, gremiales y de excombatientes frente al Palacio de Tribunales. La nueva causa le da a la Corte la posibilidad de expedirse sobre el fondo de la cuestión.
Qué establecía la Ley de Tierras
La norma, sancionada en 2011, ponía límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros:
- Un tope del 15 % de titularidad extranjera sobre las tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental.
- Un máximo del 30 % de ese cupo para personas de una misma nacionalidad.
- Un límite de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo.
- La prohibición de adquirir inmuebles con cuerpos de agua relevantes o ubicados en zonas de frontera.
El impacto en Santa Fe
El límite de hectáreas en la zona núcleo alcanza de lleno a buena parte del sur santafesino, una de las regiones agrícolas más productivas del país. Mientras la derogación siga vigente, esos topes no se aplican a nivel nacional.
Además del camino judicial, hay otras vías abiertas: el Congreso podría sancionar una nueva ley con restricciones, la Cámara de Diputados podría rechazar el decreto (el Senado ya lo hizo en 2024) y las provincias podrían dictar normas propias. La Corte también tiene pendiente un planteo de la CGT contra otros capítulos del mismo DNU.